Integración: ¿responsabilidad de los gobiernos o de las personas?

Autor/a: el 16 mayo, 2012

“El primer principio es que la integración no es la responsabilidad del gobierno sino de las personas que deciden instalarse en los Países Bajos”

Así reza la estrategia nacional holandesa para la inclusión de la población gitana. Supongo que muchas personas estarán de acuerdo con esta afirmación y más ahora que el contexto económico y social está fomentando “la lucha por recursos”, al parecer escasos.

 

No podría estar más en contra de lo expuesto.

Me explico; no sé qué dirá la constitución holandesa al respecto, pero nuestra Constitución nos dice en su artículo 9.2. que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.”

Desde mi punto de vista, si bien las personas tenemos el deber de respetar las normas de convivencia del país en el que residimos, los poderes públicos son responsables de garantizar la paz y la cohesión social y parte de esa responsabilidad de promover políticas públicas que garanticen que todos los ciudadanos y ciudadanas (curiosamente no dice todos los españoles) estén integrados en la sociedad. No confundamos deber con responsabilidad.

Es cierto que cuando se aprobó nuestra Constitución, España era una sociedad más homogénea con estilos de vida, tradiciones y costumbres bastante uniformes. Había poca población inmigrante y con una población gitana muy excluida de la sociedad mayoritaria.

Pero las cosas han cambiado: la globalización ha modificado los flujos migratorios y la población española en 2012 es mucho más diversa:

  • El 12% de la población es extranjera: el segundo país de la UE con más población extranjera detrás de Reino Unido.
  • Aproximadamente un 1,5% de la población es gitana: entre 725.000 y 750.000, un 12% de la población gitana que reside en la UE, el segundo país con más población gitana detrás de Rumania.

Pero no sólo eso; el número de españoles que viajan, residen temporalmente en otros países y vuelven a España también ha aumentado considerablemente.

Esto ha tenido un impacto en los estilos de vida, en las costumbres, en las tradiciones y en las creencias de la población, mucho más heterogénea que hace treinta años. Esto quiere decir que los gobiernos se enfrentan a nuevos retos en lo que a paz y cohesión social se refiere. Atrás ha quedado el conocido refrán “donde fueres haz lo que vieres” porque ya no es tan fácil saber cuáles son los usos y costumbres de la población: ¿ir a los toros? ¿bailar flamenco? ¿ser católica? ¿hacer la siesta todos los días?

Por eso integración no es sinónimo de adaptación a las costumbres y tradiciones porque ya no existe un modelo tipo. De hecho, ni siquiera creo que haya que hablar de integración sino de convivencia y de cohesión social, pero esto requiere de una aproximación diferente a la diversidad. Esto requiere de políticas públicas que:

-          Conozcan y den a conocer las diferentes culturas y tradiciones desde una perspectiva positiva y de aprendizaje, por supuesto alejada de los clásicos estereotipos.

-          Identifiquen qué características o elementos pueden provocar conflictos sociales para poner en marcha medidas públicas de prevención.

-          Aprovechen y exploten dicha diversidad, foco de riqueza en capital humano.

Las políticas que desvirtúan el valor de la diversidad, que incentivan la competencia de los recursos y estigmatizan a ciertos grupos de población no suponen un ahorro para “los autóctonos”, más bien lo contrario, fomentan el conflicto social, el miedo y el odio. De hecho, un estudio del Banco Mundial publicado en 2010 estima que la exclusión social de la población gitana en países como Serbia, República Checa, Bulgaria y Rumania supone una pérdida de entre 2,1 y 5,7 mil millones de Euros en productividad y entre en 863 millones y 2 mil millones en contribuciones fiscales cada año.

En definitiva: la exclusión sale cara a los estados no sólo por la pérdida de productividad y de ingresos fiscales sino por los altos costes económicos y sociales que genera el aumento de los conflictos sociales (requieren mayores inversiones en  protección policial, sanidad de emergencia y medidas de seguridad pública).

Precisamente en lo que a población gitana se refiere, España ha sabido invertir en políticas públicas de inclusión social que han cambiado radicalmente sus condiciones de vida. De hecho, nuestro país es un referente en Europa. A pesar de lo que la gente cree, hoy en día, los niveles de exclusión social se han reducido considerablemente y la mayoría de las personas gitanas conviven e interactúan cotidianamente con personas no gitanas en los espacios sociales, lo cual ha repercutido en un aumento de su contribución económica, social y cultural en nuestra sociedad; el balance económico y humano es positivo.

Dicen que se aprende de los errores, pero en este caso, aprendamos también del éxito de nuestras políticas de inclusión social. No olvidemos que las políticas que segregan, que excluyen, que no garantizan los mismos derechos a todas las personas a la larga sale más caro. Nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero no podemos permitir que los poderes públicos se desresponsabilicen de las políticas de cohesión y convivencia social como lo está haciendo Holanda; no sigamos sus pasos.

Fuentes:

Enlace al estudio “Economic costs of Roma exclusion”: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTROMA/0,,contentMDK:22526807~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:615987,00.html

 

Foto: Renegade98

AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some rights reserved

 

Compartir

 

0 comentarios

Deja tu comentario

Nos interesa tu opinión
Escribe un comentario